Disputa por el estadio Olímpico Atahualpa continúa, juez suspendió la audiencia de acción de protección

La pugna por el estadio Olímpico Atahualpa sumó un nuevo capítulo este viernes 20 de junio de 2025, con la audiencia de acción de protección interpuesta por la Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) en contra del Municipio de Quito.

La diligencia se desarrolló desde la mañana en el Complejo Judicial Norte y giró en torno a la legalidad de la reversión de la donación del estadio y su posterior inscripción a nombre del cabildo.

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Sin embargo, tras escuchar a las partes, el juez de la causa, Sebastián Cornejo, decidió suspender la audiencia. Su reinstalación fue fijada para el martes 24 de junio, a las 10:00, en el mismo complejo judicial.

La resolución que se emita al cierre del proceso será clave para determinar si se mantiene vigente la decisión adoptada por el Concejo Metropolitano de Quito o si se revierte la transferencia del bien.

Alegaciones iniciales

La audiencia se instaló pese a varios intentos por suspenderla. La abogada Gisella Tapia, en representación del Municipio, cuestionó la demanda, al señalar que esta fue planteada contra el alcalde Pabel Muñoz y los 21 concejales, sin distinguir a quienes votaron a favor o en contra de la resolución.

Tapia pidió la reforma de la demanda y la fijación de una nueva fecha para la audiencia, al considerar que la notificación fue entregada de forma incorrecta a la secretaria del Concejo y que, además, la concejala Analía Ledesma no fue citada adecuadamente al encontrarse de vacaciones.

Uno de los abogados de la CDP respondió que la acción se dirige al Gobierno Autónomo Descentralizado de Quito, no a personas individuales, y que la notificación cumplió con lo que establece el Cootad, al haber sido remitida al procurador síndico.

Pese a los argumentos, el juez Cornejo determinó que el Municipio fue legalmente notificado y que la audiencia podía instalarse, dado que la presencia del accionado no era obligatoria para continuar con la diligencia.

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Argumentos de la CDP

La defensa técnica de la Concentración Deportiva de Pichincha, actualmente intervenida por el Ministerio del Deporte, argumentó que no existió un debido proceso y que la reversión del estadio se hizo de forma arbitraria.

Encabezados por el interventor accionante, Rommel González, señalaron que no hubo notificación completa con la documentación que sustentaba la resolución y que no se les dio oportunidad para presentar pruebas. También alegaron que se utilizó erróneamente la figura de “reversión de donación”, cuando debió haberse planteado una “revocatoria”.

Además, criticaron la celeridad con la que se aprobaron los informes municipales: “es increíble pensar que se hubieran hecho 10 informes favorables en un solo día”, cuestionaron.

La CDP solicitó que se acepte la acción de protección, se declare la nulidad de la resolución del Concejo Metropolitano, se prohíba el inicio de obras en el estadio, se revierta la inscripción del bien y se ordene una disculpa pública por parte del alcalde.

Posición del Municipio: el estadio siempre fue municipal

Andrés Segovia, procurador del Municipio de Quito, defendió la actuación del cabildo argumentando que el terreno fue expropiado por el Municipio en 1947 y que ahí se construyó el Estadio Municipal El Batán. Señaló que en 1966 se firmó una donación condicionada que preveía expresamente su reversión en caso de incumplimientos.

Aseguró que la CDP incumplió esas condiciones, lo que habilitó la recuperación del bien por parte del cabildo. Añadió que el tablero electrónico no se ha renovado desde 1985 y que existen usos indebidos del predio, como la instalación de un parqueadero privado.

Además, cuestionó que se pretenda anular una resolución normativa mediante una acción constitucional: “¿Después de esto creen que algún municipio se anime a hacer una donación? Esto generaría un precedente nefasto”, sostuvo.

Defensa del alcalde y concejales: la inscripción ya se ejecutó

La defensa del alcalde Pabel Muñoz y del resto de concejales indicó que la medida cautelar solicitada por la CDP, para frenar la inscripción del estadio en el Registro de la Propiedad, ya no tiene efecto, porque el acto fue ejecutado. Por tanto, afirmaron que la medida es "inejecutable".

También alegaron que no se ha demostrado con claridad una vulneración al derecho a la seguridad jurídica, ni al derecho a la propiedad, puesto que se trata de una donación condicionada y no de una compra-venta.

Concejales que comparecieron

Durante la audiencia, algunos concejales expresaron sus posiciones:

• Andrés Campaña, quien votó en contra de la resolución, pidió que, en caso de que se ordene una reparación, se excluya a los ediles que no la respaldaron.
• Wilson Merino, que se abstuvo, criticó el informe de procuraduría por utilizar incorrectamente el término “reversión” en lugar de “rescisión”.
• Fidel Chamba alertó sobre la existencia de inscripciones previas a nombre de la CDP, lo que podría implicar una violación al derecho a la propiedad.

El conflicto

La acción constitucional fue admitida el pasado 16 de junio, pocos días después de que el Concejo Metropolitano de Quito aprobara, el 11 de junio, la resolución que revocó la donación del estadio Olímpico Atahualpa a la CDP.

El Municipio justifica su decisión con base en documentos históricos y una resolución de la Superintendencia de Ordenamiento Territorial. Por su parte, la CDP —intervenida por el Ministerio del Deporte— considera que la medida fue arbitraria, ilegal y sin sustento técnico.

El caso se ha convertido en una controversia de alto perfil institucional, debido al valor simbólico del estadio Atahualpa como uno de los escenarios deportivos más importantes del país y sede histórica de la selección ecuatoriana de fútbol.