Presidente Noboa, ahora sí, convoque una cumbre regional urgente

Jamás habría imaginado que volvería a usar el mismo título en un nuevo artículo, pero la violencia en el país no solo que sigue tan grave como en enero de 2024 cuando lo escribí la primera vez, tras el asalto a TC televisión, sino que se ha vuelto más cruel y despiadada, por la acción del crimen organizado transnacional que desafía al Estado, ante lo cual solo cabe una respuesta conjunta que involucre a los países de la región. 

La matanza de once militares ecuatorianos a manos de los Comandos de la Frontera, en el Alto Punino, en una sangrienta emboscada, ha sido un golpe demoledor a la conciencia nacional, que ha contemplado con dolor cómo once hogares han sido fracturados, la institución militar ultrajada y el país puesto en riesgo inminente.

Las sospechas de que el grupo criminal habría sido informado del operativo del Ejército, que implicaría una filtración de información espeluzna, pues confirmaría que los organismos e instituciones del Estado han sido penetrados en los más altos niveles por esos enemigos públicos siniestros.

La acción de los grupos vinculados a la minería ilegal afecta al país grandemente y en diversos órdenes: en lo económico al no pagar impuestos al Estado; en lo social, por la expansión de redes criminales que alcanza cada vez a más territorio, y por la irreparable destrucción de la naturaleza, uno de los mayores patrimonios del Ecuador.

Los dos últimos años, el tráfico de oro ha crecido de manera exponencial, aunque la actividad de los grupos criminales data de entre 2011 y 2012, cuando en Esmeraldas se destruyeron algunas retroexcavadoras implicadas en la minería ilegal, vinculada al sanguinario frente Oliver Sinisterra que luego llegó al Carchi y a Sucumbíos.

“Es un efecto espejo de lo que pasa en Colombia”, aseguran los expertos, que claman por la acción decisiva y urgente del Gobierno nacional, ante la certeza de que la frontera sur del vecino país habría sido abandonada y hay que exigirles la cuiden.

Los Comandos de la Frontera son una escisión del Frente 48 de las FARC formado tras los llamados “acuerdo de paz” cuando proliferaron grupos violentos, que para Ecuador han sido un suplicio, ya que pasaron del cultivo de la hoja de coca en su país, al tráfico de cocaína y ahora a la minería ilegal en nuestro territorio, en circunstancias que el oro es muchísimo más rentable, ya que un kilo en el mercado internacional cuesta USD 105.000 y uno de cocaína USD 35.000, y porque traficar el metal no implica riegos.

Si para estos desalmados lo que cuenta es hacer dinero, el destruir la selva, los páramos y los boques protegidos; el contaminar los ríos y condenar a la gente a desplazamientos forzados no implica dilema moral alguno; el Estado debe enfrentarlos con una estrategia probada.

Ecuador está ante una guerra híbrida, asimétrica y con nexos internacionales poderosos, por lo que lo urgen acciones radicales y urgentes, que involucren a los otros países de la región, también afectados por la minería ilegal, a fin de combatirlos de manera conjunta.

Casa adentro, hay que hacer rectificaciones porque es demencial que el SRI, la UAFE, las Aduanas, el ARCOM y las Superintendencias tengan sus propios protocolos y actúen por su cuenta y, a veces, hasta en contradicción.

En esos cargos deben estar los más capaces y los que mejor resistan las presiones, las amenazas y las coimas; esas instituciones deben contar con las herramientas necesarias y los mecanismos para evitar la filtración de información y el boicot a su delicado trabajo.

Es inconcebible que, ante la faz del país se hagan importaciones y movilicen enormes y costosas retroexcavadoras a zonas inhóspitas, sin que haya sanción a los cómplices y encubridores. Y que frente a las gasolineras en las fronteras y en sitios estratégicos donde no hay movimiento de vehículos, tampoco haya la acción del Estado.

Causa también perplejidad que no se siga la ruta del oro que llega a grandes y lujosas ciudades en ricos países, sin que exista la trazabilidad necesaria, lo que podría terminar siendo otra amenaza para la seguridad del país.

La gente debe reaccionar porque un Estado cómplice lo único que hace es propiciar la degradación de su propia sociedad.

Meses atrás hubo movilizaciones para oponerse a la construcción de una cárcel, pero no se ha sabido de una sola para oponerse a la minería ilegal que implica destrucción y muerte.

Como en Fuenteovejuna, en Ecuador, en materia minera, todos son culpables porque también se conoce que ciertas concesiones son vendidas a espoliadores, pisoteando la ley y traicionando la buena fe.

Ante semejante escenario desolador, se impone una nueva moratoria minera, para poner todo en orden y mapear nuevamente a fin de saber en qué condiciones estamos.

Sería atroz que se entreguen nuevos retazos del país a modo de concesión y, que cuando haya daños a la naturaleza se culpe a la minería ilegal, y nadie responda, sobre todo en las mineras a cielo abierto.

La destrucción de la Amazonia y de zonas de gran fragilidad, incluso reservas ecológicas y el envenenamiento de los ríos muestra el rostro más funesto de un país que no piensa ni en el presente y peor en el futuro y que tiene autoridades ineficaces.

Ante esta realidad atroz, el Gobierno tiene que actuar con valentía y talento; mucho talento estratégico porque el enemigo es feroz y opera en sólidas alianzas con sus pares en varios países; por eso, la respuesta de los Estados tiene que ser multidimensional y coordinada entre ellos.

Presidente Noboa, ahora sí, convoque una cumbre regional urgente.