Cuatro retos tiene Ivonne Núñez, ratificada en el Ministerio de Trabajo por el presidente Daniel Noboa

Durante 2024, la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, hizo duros cuestionamientos a los beneficios que constan en los contratos colectivos de las mayores empresas públicas del país:

1. Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

2. Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).

3. Petroecuador.

4. Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).

El Gobierno de Noboa cuestionó estos contratos por tener beneficios que demandan un millonario gasto público, además, criticó a los líderes sindicales de CNT y CNEL por impulsar medidas judiciales que permitieron que cientos de servidores públicos pasen a recibir beneficios como obreros bajo el régimen del Código de Trabajo.

De ahí que en julio de 2024, Núñez incluso pidió a la Contraloría General del Estado que realice exámenes especiales a estos contratos, para determinar si, previo a su suscripción, contaron con el dictamen obligatorio y vinculante del del Ministerio de Finanzas.

El resultado de esas auditorías todavía no se ha dado conocer.

De ahí que el reto de Núñez será concretar la negociación de nuevos contratos colectivos para estas empresas.

Hasta ahora, solo el sindicato de Petroecuador emprendió en febrero de 2025 las negociaciones para renovar el contrato colectivo.

Luego de que la Corte Constitucional dispuso, en febrero pasado, que unos 1.800 servidores públicos de CNEL devuelvan el dinero que recibieron por beneficios del contrato colectivo (al dejar sin efecto una sentencia de jueces de Los Ríos), el Comité de Trabajadores de CNEL denuncia que desde marzo hay empleados que han recibido sus roles de pago en USD 0, y en algunos casos con cifras en negativo.

Esto ocurre por los altos montos que les han estado descontando.

La Corte Constitucional dispuso que los trabajadores devuelvan ese dinero en un plazo de tres años a la empresa pública.

Y determinó que los descuentos se deberán hacer mediante sus roles de pago mensuales.

Los empleados han organizado varias marchas y protestas para pedir al Gobierno y a la Corte que se revise y amplíe el plazo para que las cuotas de descuento no sean tan altas y así los empleados no se queden sin ingresos mensuales.

Está en agenda del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios analizar una reforma legal a la jubilación patronal. 

La propuesta fue presentada en abril pasado por la ratificada ministra de Trabajo, Ivonne Núñez y plantea reformar el artículo 216 del Código. 

Este es el artículo que estable que el trabajador que haya prestado servicios por 25 años o más, de manera continua para una empresa, tendrá derecho a la jubilación patronal.

El proyecto de reforma propone que los trabajadores que por 25 años o más presten sus servicios para uno o más empleadores, en forma continua o discontinua, tendrán derecho a la pensión jubilar patronal, que contará con aportes tanto de empleadores como de trabajadores.

Ese dinero, que se irá acumulando a lo largo de esos 25 años de servicio, pasaría a un fideicomiso administrado por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess).

La propuesta señala que los porcentajes de aportes que realizarían empleadores y trabajadores para este fondo de jubilación deben ser determinados por lESS, mediante un estudio actuarial.

Además, se plantea eliminar o reformar las reglas establecidas en artículo 2016 referentes al cálculo del monto a recibir como pensión o valor único, al momento de jubilarse.

Aunque los gremios empresariales insisten en la necesidad de una reforma laboral que implemente normas de contratación más flexibles, Noboa descartó que enviará a la Asamblea una reforma laboral en este año. Esto lo dijo en una entrevista con el programa Visionarias, el 23 de mayo pasado.

No obstante, dijo que en este segundo período impulsará medidas para generar más plazas de trabajo para la población más joven.